¿Por qué las autoridades e instituciones en España sólo respetan aquellas leyes que quieren respetar?

Capablancka, J.T.

El de hoy es un caso recurrente, a pesar de ser de los más claros de entre todos los que componen la lista de agravios de la ciudadanía española.

Tan recurrente que puede que haga ya veinte años desde que el Tribunal Constitucional declaró constitucional la inmersión linguística en Cataluña. Inmersión, para aquellos que no entiendan de dobles lenguajes, significa obligación. Pero mientras la Constitución española mantenga que el español es la lengua oficial de España que todos tenemos el derecho a usar y el deber de conocer, difícilmente podrá justificarse aquella fatídica decisión bajo ningún punto de vista. Por lo que podemos con seguridad concluir que aquí hay unos señores prevaricadores (los magistrados del Tribunal Constitucional) que morirán sin purgar sus penas ante la Justicia. Aunque para nuestro consuelo siempre nos quedarán el resto: podremos buscar responsabilidades en cualquier otra administración o grupo de funcionarios porque todos ellos, prácticamente sin excepción, han contribuido por acción (u omisión) a declarar el español proscrito en gran parte del territorio nacional.

"Francisco Antich, presidente de la comunidad autónoma española de las Islas Baleares (Mallorca) posando con una bandera sospechosa de españolista a sus espaldas..." Aunque fíjense en su cara: ¿le confiarían sus hijos si tuviesen que salir urgentemente una noche? Yo no. Ni los mallorquines, seguramente, tampoco. Ha necesitado aliarse con seis partidos más para desalojar al Pp del poder, que le faltó un solo escaño para la mayoría absoluta... Aunque el Pp es uno de los principales culpables de todo este despropósito: sin las leyes aprobadas bajo su mandato, nada de lo que hoy sucede en Mallorca sería posible.

El caso que nos ocupa es un caso extremo porque el perjudicado lo es Olav, un niño de once años aquejado de dislexia y al que, después de haber solicitado el derecho a examinarse en castellano, su lengua materna, le ha sido denegado. Olav reclamaba este derecho porque su dolencia le dificulta tanto el aprendizaje como la expresión en cualquier otra lengua. Pero las autoridades del colegio Cervantes, en Ibiza, no han tenido nada de todo esto en cuenta y obligan a Olav, al igual que al resto de alumnos, a cursar sus estudios y exámenes en catalán. Lengua ajena a las islas desde casi siempre. Con decirles que en la Edad Media las obras en mallorquín debían ser traducidas al catalán (y viceversa)...

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Son hechos como el que hoy denunciamos los que provocan el hastío en la ciudadanía y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas. Y los que demuestran que las garantías judiciales en España no existen. Sí, muchos paniaguados con sueldos millonarios se rasgarán las vestiduras si llegan a leer mis palabras (no olvidemos que los magistrados del Constitucional se embolsan más de veinte millones de las antiguas pesetas cada año) pero no esperaría menos de ellos. Aunque los padres tienen la solución mucho más cerca de su alcance de lo que creen: sólo con que el uno por ciento de los que consideran que el sistema educativo no atiende a las derechos elementales de sus hijos (entre ellos elegir el idioma si éste es el español) dejasen de llevarlos al colegio, el problema sería resuelto rápida y taxativamente por las autoridades centrales del Estado.

"¿Singular y universal? ¿Pero no son éstos, conceptos incompatibles entre sí? Sí, pero para ellos todo es posible. Incluso que el español sea prohibido en España y la cultura balear sea catalana"

Por lo que me atrevo a afirmar que sin cierta colaboración por parte de todas las instancias (incluso de las pobres víctimas) ninguna de las tropelías de gran calado cometidas por una democracia podría ser llevada a cabo. Aunque claro, a los ciudadanos no se les puede exigir ser héroes ante el Estado pero todos sabemos que los cargos públicos y altos funcionarios... lo mínimo a lo que están obligados es al cumplimiento de la ley.

¿O no?

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